Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

El Gran Otro | Mircoles 23 de Agosto de 2017

Arriba

Top

2 Comments

Trata de Personas, Explotación Sexual y Complicidad del Estado

Trata de Personas, Explotación Sexual y Complicidad del Estado

Por: Martin Samartin.

Una mirada histórica sobre la relación entre las redes de trata de personas y el poder político.

Si bien las normas jurídicas prohíben expresamente la trata de personas, la burocracia estatal tolera su existencia, limitando su accionar a la limpieza de sus márgenes más anti-estéticos y regulando el ejercicio de la prostitución, aún cuando se trate de prácticas de esclavitud encubiertas.


En el 2008 se realizó en Buenos Aires el “1º Congreso Internacional del Mercosur y Estados Asociados sobre  Trata de Personas y Pornografía Infantil”, en el cual se ha establecido que el comercio de armas, drogas y trata de personas es una rutina frecuente. Katerina Karousos, Directora Programa contra Trata de personas de EEUU, destacó que los reclutadores poseen la habilidad de engañar a través de clasificados o Internet para reunir a las víctimas en prostíbulos, bares, fábricas, trabajo doméstico, restaurantes y casas de masajes.

Según el mito popular, la prostitución es el oficio más antiguo de la humanidad; es decir, ha sido ejercida bajo diversas formas a lo largo de la historia. Éste es el argumento más usual con el que proxenetas y clientes justifican su ejercicio, omitiendo que –en la mayoría de los casos- la mujer prostituida ha sido forzada o engañada antes de caer en la situación de prostitución, de la cual es muy difícil salir una vez que la víctima ha sido aislada, o trasladada ilegalmente a un país extraño.

Existe la responsabilidad que les cabe a los clientes, en tanto prostituyentes, aunque generalmente ésta se invoca para encubrir responsabilidades mayores, como las que les corresponden a las autoridades y organismos de control -ya que existen leyes que limitan el ejercicio de la prostitución- o, en última instancia, las que les caben al capitalismo como un todo y a sus defensores, en tanto sistema que lo convierte todo en una mercancía sujeta a las leyes de la oferta y la demanda. Si bien tanto la Constitución Argentina, como diversos Tratados de Derechos Humanos, prohíben expresamente la trata de personas, la burocracia estatal tolera su existencia, limitando su accionar a la limpieza de sus márgenes más anti-estéticos y tratando de regular el ejercicio de la prostitución, aún cuando se trate de prácticas de esclavitud encubiertas, generalmente asociadas a la marginalidad.

Ligada a las relaciones de vasallaje y la esclavitud, en la Argentina la prostitución forzada existe desde la época colonial; pero recién en la segunda mitad del siglo XIX se convierte en una mercancía que, bajo el concepto de “servicio sexual”, se extiende con la aparición de las redes de “trata de blancas” en los albores del capitalismo, conformando una verdadera industria nacional de la prostitución. Según relata el Dr. Raúl A. Schnabel, de la Dirección General de Registro de Personas Desaparecidas, la primera red de traficantes locales surgió en 1889 y estaba integrada por delincuentes de origen judío. Las mujeres “importadas” a fines del siglo XIX y principios del XX provenían de Europa central y Rusia. A causa de la  pobreza y la persecución religiosa que sufrían, sus padres las vendían a rufianes que fraguaban un matrimonio religioso entre la mujer explotada y explotador. Éste la ponía a trabajar en su beneficio o la vendía a otro proxeneta. Las mujeres, al casarse con un extranjero, perdían su ciudadanía de origen y, entonces, ya no podían reclamar a las autoridades consulares de su país.

Entre 1875 y mediados del siglo XX, la  prostitución era considerada un “mal necesario”  y la reglamentación estatal era la política dominante: se ejercía bajo el control de los municipios y de la policía. Podemos afirmar que se trataba de una suerte de “servicio público” sometido a reglas: “delimitación de  zonas prostibularias, registro compulsivo de prostitutas y fichas policiales, controles médicos obligatorios de las mujeres explotadas. El proxenetismo era, cuando no reconocido, tácitamente aceptado. Esta política oficial, que por entonces regía tanto en Francia como en Argentina, favorecía la trata de blancas”.

Ya en los comienzos del siglo XX, el mercado de las redes de trata de mujeres con fines de explotación sexual ajena fue siendo cooptado por organizaciones ilegales extranjeras, en su mayoría de origen francés y polaco, en clara connivencia con autoridades y órganos de control, especialmente la policía. Pero la más terrible de las vinculaciones entre la trata y el Estado tuvo lugar durante la dictadura y estuvo estrechamente vinculada a la represión ilegal. Hace un par de años falleció en Córdoba un jefe de la mafia corsa, Franςois Chiappe, miembro del grupo  terrorista de ultraderecha OAS que reprimió a los argelinos que luchaban por la descolonización francesa en la década de los 60. “El célebre ‘capomafia’ estaba sindicado como un integrante de la mafia corsa y protagonista de la ‘French Connection’, la asociación ilícita que se dedicaba al tráfico de hachís, trata de blancas y armas y venta de protección. Además estuvo preso en la cárcel de Devoto por el robo de 68 millones de pesos a una sucursal del Banco Nación en 1968”. Debemos recordar que los miembros de esa organización terrorista aportaron sus “conocimientos” y experiencia en la represión ilegal con el llamado “Plan Cóndor” que coordinaba la represión del terrorismo de Estado de las dictaduras militares del cono sur de nuestro continente.

Por: Martin Samartin

Por: Martin Samartin.

Una mirada histórica sobre la relación entre las redes de trata de personas y el poder político.

 Si bien las normas jurídicas prohíben expresamente la trata de personas, la burocracia estatal tolera su existencia, limitando su accionar a la limpieza de sus márgenes más anti-estéticos y regulando el ejercicio de la prostitución, aún cuando se trate de prácticas de esclavitud encubiertas.

[showtime]

 

En el 2008 se realizó en Buenos Aires el “1º Congreso Internacional del Mercosur y Estados Asociados sobre  Trata de Personas y Pornografía Infantil”, en el cual se ha establecido que el comercio de armas, drogas y trata de personas es una rutina frecuente. Katerina Karousos, Directora Programa contra Trata de personas de EEUU, destacó que los reclutadores poseen la habilidad de engañar a través de clasificados o Internet para reunir a las víctimas en prostíbulos, bares, fábricas, trabajo doméstico, restaurantes y casas de masajes.

Según el mito popular, la prostitución es el oficio más antiguo de la humanidad; es decir, ha sido ejercida bajo diversas formas a lo largo de la historia. Éste es el argumento más usual con el que proxenetas y clientes justifican su ejercicio, omitiendo que –en la mayoría de los casos- la mujer prostituida ha sido forzada o engañada antes de caer en la situación de prostitución, de la cual es muy difícil salir una vez que la víctima ha sido aislada, o trasladada ilegalmente a un país extraño.

Existe la responsabilidad que les cabe a los clientes, en tanto prostituyentes, aunque generalmente ésta se invoca para encubrir responsabilidades mayores, como las que les corresponden a las autoridades y organismos de control -ya que existen leyes que limitan el ejercicio de la prostitución- o, en última instancia, las que les caben al capitalismo como un todo y a sus defensores, en tanto sistema que lo convierte todo en una mercancía sujeta a las leyes de la oferta y la demanda. Si bien tanto la Constitución Argentina, como diversos Tratados de Derechos Humanos, prohíben expresamente la trata de personas, la burocracia estatal tolera su existencia, limitando su accionar a la limpieza de sus márgenes más anti-estéticos y tratando de regular el ejercicio de la prostitución, aún cuando se trate de prácticas de esclavitud encubiertas, generalmente asociadas a la marginalidad.

Ligada a las relaciones de vasallaje y la esclavitud, en la Argentina la prostitución forzada existe desde la época colonial; pero recién en la segunda mitad del siglo XIX se convierte en una mercancía que, bajo el concepto de “servicio sexual”, se extiende con la aparición de las redes de “trata de blancas” en los albores del capitalismo, conformando una verdadera industria nacional de la prostitución. Según relata el Dr. Raúl A. Schnabel, de la Dirección General de Registro de Personas Desaparecidas, la primera red de traficantes locales surgió en 1889 y estaba integrada por delincuentes de origen judío. Las mujeres “importadas” a fines del siglo XIX y principios del XX provenían de Europa central y Rusia. A causa de la  pobreza y la persecución religiosa que sufrían, sus padres las vendían a rufianes que fraguaban un matrimonio religioso entre la mujer explotada y explotador. Éste la ponía a trabajar en su beneficio o la vendía a otro proxeneta. Las mujeres, al casarse con un extranjero, perdían su ciudadanía de origen y, entonces, ya no podían reclamar a las autoridades consulares de su país.

Entre 1875 y mediados del siglo XX, la  prostitución era considerada un “mal necesario”  y la reglamentación estatal era la política dominante: se ejercía bajo el control de los municipios y de la policía. Podemos afirmar que se trataba de una suerte de “servicio público” sometido a reglas: “delimitación de  zonas prostibularias, registro compulsivo de prostitutas y fichas policiales, controles médicos obligatorios de las mujeres explotadas. El proxenetismo era, cuando no reconocido, tácitamente aceptado. Esta política oficial, que por entonces regía tanto en Francia como en Argentina, favorecía la trata de blancas”.

Ya en los comienzos del siglo XX, el mercado de las redes de trata de mujeres con fines de explotación sexual ajena fue siendo cooptado por organizaciones ilegales extranjeras, en su mayoría de origen francés y polaco, en clara connivencia con autoridades y órganos de control, especialmente la policía. Pero la más terrible de las vinculaciones entre la trata y el Estado tuvo lugar durante la dictadura y estuvo estrechamente vinculada a la represión ilegal. Hace un par de años falleció en Córdoba un jefe de la mafia corsa, Franςois Chiappe, miembro del grupo  terrorista de ultraderecha OAS que reprimió a los argelinos que luchaban por la descolonización francesa en la década de los 60. “El célebre ‘capomafia’ estaba sindicado como un integrante de la mafia corsa y protagonista de la ‘French Connection’, la asociación ilícita que se dedicaba al tráfico de hachís, trata de blancas y armas y venta de protección. Además estuvo preso en la cárcel de Devoto por el robo de 68 millones de pesos a una sucursal del Banco Nación en 1968”. Debemos recordar que los miembros de esa organización terrorista aportaron sus “conocimientos” y experiencia en la represión ilegal con el llamado “Plan Cóndor” que coordinaba la represión del terrorismo de Estado de las dictaduras militares del cono sur de nuestro continente.

Por: Martin Samartin

Por: Martin Samartin.

Una mirada histórica sobre la relación entre las redes de trata de personas y el poder político.

 Si bien las normas jurídicas prohíben expresamente la trata de personas, la burocracia estatal tolera su existencia, limitando su accionar a la limpieza de sus márgenes más anti-estéticos y regulando el ejercicio de la prostitución, aún cuando se trate de prácticas de esclavitud encubiertas.

[showtime]

 

En el 2008 se realizó en Buenos Aires el “1º Congreso Internacional del Mercosur y Estados Asociados sobre  Trata de Personas y Pornografía Infantil”, en el cual se ha establecido que el comercio de armas, drogas y trata de personas es una rutina frecuente. Katerina Karousos, Directora Programa contra Trata de personas de EEUU, destacó que los reclutadores poseen la habilidad de engañar a través de clasificados o Internet para reunir a las víctimas en prostíbulos, bares, fábricas, trabajo doméstico, restaurantes y casas de masajes.

Según el mito popular, la prostitución es el oficio más antiguo de la humanidad; es decir, ha sido ejercida bajo diversas formas a lo largo de la historia. Éste es el argumento más usual con el que proxenetas y clientes justifican su ejercicio, omitiendo que –en la mayoría de los casos- la mujer prostituida ha sido forzada o engañada antes de caer en la situación de prostitución, de la cual es muy difícil salir una vez que la víctima ha sido aislada, o trasladada ilegalmente a un país extraño.

Existe la responsabilidad que les cabe a los clientes, en tanto prostituyentes, aunque generalmente ésta se invoca para encubrir responsabilidades mayores, como las que les corresponden a las autoridades y organismos de control -ya que existen leyes que limitan el ejercicio de la prostitución- o, en última instancia, las que les caben al capitalismo como un todo y a sus defensores, en tanto sistema que lo convierte todo en una mercancía sujeta a las leyes de la oferta y la demanda. Si bien tanto la Constitución Argentina, como diversos Tratados de Derechos Humanos, prohíben expresamente la trata de personas, la burocracia estatal tolera su existencia, limitando su accionar a la limpieza de sus márgenes más anti-estéticos y tratando de regular el ejercicio de la prostitución, aún cuando se trate de prácticas de esclavitud encubiertas, generalmente asociadas a la marginalidad.

Ligada a las relaciones de vasallaje y la esclavitud, en la Argentina la prostitución forzada existe desde la época colonial; pero recién en la segunda mitad del siglo XIX se convierte en una mercancía que, bajo el concepto de “servicio sexual”, se extiende con la aparición de las redes de “trata de blancas” en los albores del capitalismo, conformando una verdadera industria nacional de la prostitución. Según relata el Dr. Raúl A. Schnabel, de la Dirección General de Registro de Personas Desaparecidas, la primera red de traficantes locales surgió en 1889 y estaba integrada por delincuentes de origen judío. Las mujeres “importadas” a fines del siglo XIX y principios del XX provenían de Europa central y Rusia. A causa de la  pobreza y la persecución religiosa que sufrían, sus padres las vendían a rufianes que fraguaban un matrimonio religioso entre la mujer explotada y explotador. Éste la ponía a trabajar en su beneficio o la vendía a otro proxeneta. Las mujeres, al casarse con un extranjero, perdían su ciudadanía de origen y, entonces, ya no podían reclamar a las autoridades consulares de su país.

Entre 1875 y mediados del siglo XX, la  prostitución era considerada un “mal necesario”  y la reglamentación estatal era la política dominante: se ejercía bajo el control de los municipios y de la policía. Podemos afirmar que se trataba de una suerte de “servicio público” sometido a reglas: “delimitación de  zonas prostibularias, registro compulsivo de prostitutas y fichas policiales, controles médicos obligatorios de las mujeres explotadas. El proxenetismo era, cuando no reconocido, tácitamente aceptado. Esta política oficial, que por entonces regía tanto en Francia como en Argentina, favorecía la trata de blancas”.

Ya en los comienzos del siglo XX, el mercado de las redes de trata de mujeres con fines de explotación sexual ajena fue siendo cooptado por organizaciones ilegales extranjeras, en su mayoría de origen francés y polaco, en clara connivencia con autoridades y órganos de control, especialmente la policía. Pero la más terrible de las vinculaciones entre la trata y el Estado tuvo lugar durante la dictadura y estuvo estrechamente vinculada a la represión ilegal. Hace un par de años falleció en Córdoba un jefe de la mafia corsa, Franςois Chiappe, miembro del grupo  terrorista de ultraderecha OAS que reprimió a los argelinos que luchaban por la descolonización francesa en la década de los 60. “El célebre ‘capomafia’ estaba sindicado como un integrante de la mafia corsa y protagonista de la ‘French Connection’, la asociación ilícita que se dedicaba al tráfico de hachís, trata de blancas y armas y venta de protección. Además estuvo preso en la cárcel de Devoto por el robo de 68 millones de pesos a una sucursal del Banco Nación en 1968”. Debemos recordar que los miembros de esa organización terrorista aportaron sus “conocimientos” y experiencia en la represión ilegal con el llamado “Plan Cóndor” que coordinaba la represión del terrorismo de Estado de las dictaduras militares del cono sur de nuestro continente.

Por: Martin Samartin